Miércoles 11 y jueves 13 de Julio del 2018
Tema:
- Ciudadania y planificación territorial
Objetivo:
- Analizar la manera cómo se planificó territorialmente el Plan Nacional Para toda la vida y su construcción.
Desarrollo:
El Sistema Nacional
Descentralizado de
Planificación Participativa
(SNDPP)
El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento
del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al
cumplimiento progresivo de:
- Los derechos constitucionales;
- Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo (a través de la implementación de políticas públicas);
- Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden.
La Estrategia Territorial Nacional se define complementariamente
como “la expresión de la política pública nacional en el territorio y
es un instrumento de ordenamiento territorial a escala nacional,
que comprende los criterios, directrices y guías de actuación
sobre el ordenamiento del territorio, sus recursos naturales,
sus grandes infraestructuras, los asentamientos humanos,
las actividades económicas, los grandes equipamientos y la
protección del patrimonio natural y cultural, sobre la base
de los objetivos y políticas nacionales contenidas en el Plan
Nacional de Desarrollo. La Estrategia contendrá lineamientos
de política específicos para zonas de frontera, la Amazonía, el régimen especial de Galápagos y el territorio marino costero,
sin detrimento de su carácter nacional” (Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 2016).
La Estrategia Territorial Nacional se incorpora al Plan Nacional de
Desarrollo para potenciar las capacidades de los territorios, articular
las intervenciones a los objetivos nacionales y definir lineamientos
concretos para la acción pública desconcentrada y descentralizada.
Esto significa, una armónica coordinación entre la planificación
nacional y subnacional a través de la gobernanza multinivel; y
la implementación de mecanismos efectivos, participativos y
permanentes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento por medio del que se concreta la garantía de derechos en
un marco de política pública; por tanto, su vinculación y la ejecución de su cumplimiento son importantes
frente a los diferentes niveles de gobierno, otras funciones del Estado, e incluso el propio sector privado
en su papel como corresponsable de los procesos de desarrollo. La ciudadanía es consciente de estas
premisas; de allí que sus propuestas se centren en los siguientes pasos:
- Desarrollar una planificación pertinente y diferenciada, acorde a las características sociales, culturales y territoriales de la población; es decir, una planificación no “homogeneizadora”, sino conforme a una afirmación de cultura y diversidad que corresponda a las características poblacionales y del territorio.
- Reconocer la necesidad de especialización (tanto en los sistemas de protección y atención integral, como en los servicios sociales), tomando en cuenta el aspecto integral del ciclo de vida. Es esencial para la ciudadanía que exista un criterio de especialidad y especificidad. En consecuencia, deben ser consideradas cada una de las etapas del ciclo de vida, los momentos de transición entre etapas, y las características propias de la población.
- En cuanto a la inversión y el gasto público, la ciudadanía plantea que debe estar dirigida a asegurar como prioridades los derechos, la generación de capacidades, la dinamización productiva, la generación de empleo, la cohesión social, la equidad territorial y poblacional, y la disminución de la pobreza.
- Es importante para la población que la política social y los servicios sean sostenibles; más aún en escenarios económicos adversos cuando la inversión en el campo social pueda verse afectada.
- Finalmente, las diversas mesas de diálogo destacan el alto valor de la participación en la construcción de las políticas públicas. La participación afirma el vínculo con los ciclos de la política y el seguimiento de su implementación y evaluación. Se trata del compromiso de un ejercicio permanente de diálogo e incidencia en la toma de decisiones, bajo criterios de corresponsabilidad.
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