Dearrollo:
Antecedentes
y construcción del Plan
Se buscó que este Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 esté
alejado de la visión estática y rígida de la planificación tradicional.
En cambio, se intentó convertirlo en un instrumento comprensible
y dinámico, dirigido a la ciudadanía. Es importante recalcar, a
razón de esto, que se contó con la participación tanto de expertos
académicos como con la de varias agencias de la Organización de
las Nacionales Unidas, tales como la Organización Internacional
del Trabajo, Organización Internacional para las Migraciones y
ONU Mujeres, mismas que aportaron en los contenidos de las
propuestas, así como en el desarrollo metodológico del mismo.
De esta manera, el presente Plan Nacional ha reconocido la
importancia de promover el desarrollo integral de los individuos
durante todo el ciclo de vida, de implementar el enfoque basado
en el ejercicio y garantía de derechos y consolidar el Régimen
del Buen Vivir (plasmado en la Constitución de Montecristi). En
este sentido, el Plan ha puesto como centro a la naturaleza y
a las personas –en sus distintas expresiones colectivas y
organizativas–, como sujetos titulares de derecho; en este
carácter, son la primera prioridad para el proceso de desarrollo
nacional. Para esto, a su vez, se ha propuesto que el sistema
estatal sea portador de obligaciones y garante de los mismos,
bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas,
igualdad y no discriminación. El Plan:
- Reconoce y celebra la igualdad en la diversidad que poseen
los diferentes sujetos de derechos.
- Incorpora el enfoque de género y el lenguaje inclusivo.
- Visibiliza a las mujeres en su diversidad y atiende a las
problemáticas específicas y acciones afirmativas.
- Plantea acciones para la reafirmación y ejercicio pleno de
derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos
mayores, personas con discapacidad y sus familias; así
como de los pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo
afroecuatoriano y del pueblo montubio, de personas
lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero,
intersexuales y queer (LGBTTTIQ), de las personas
privadas de su libertad y de las poblaciones en situación
de movilidad humana y sus familias, entre otros.
Con estos antecedentes, el presente documento procura:
- Generar políticas integrales y metas que permitan monitorear
el cierre de brechas y el ejercicio pleno de los derechos
– entendiendo como un reto a superar la incorporación
de la ciudadanía en el seguimiento y evaluación de las
políticas públicas.
- Definir herramientas que permitan la planificación y gestión
territorial con una asignación adecuada de recursos.
- Definir lineamientos que orienten el gasto público y la inversión
de recursos, así como la coordinación del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con
el Sistema Nacional de Finanzas Públicas.
- Desarrollar un sistema nacional de información que dé
cuenta de la diversidad poblacional y territorial del país,
aportando oportuna y pertinentemente con fuentes estadísticas
y registros administrativos para la toma de decisiones.
Eje 1: Derechos para
Todos Durante Toda
la Vida
Panorama General
Este eje posiciona al ser humano como sujeto de derechos a
lo largo de todo el ciclo de vida, y promueve la implementación
del Régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución de
Montecristi (2008). Esto conlleva el reconocimiento de la condición
inalterable de cada persona como titular de derechos, sin
discriminación alguna. Además, las personas son valoradas en sus
condiciones propias, celebrando la diversidad. Así, nos guiamos
por el imperativo de eliminar el machismo, el racismo, la xenofobia
y toda forma de discriminación y violencia, para lo cual se necesita
de políticas públicas y servicios que aseguren disponibilidad,
accesibilidad, calidad y adaptabilidad. Los problemas de desarrollo
son vistos como derechos insatisfechos y el Estado debe estar en
condiciones de asumir las tres obligaciones básicas que tiene:
respetar, proteger y realizar. Respetar implica que el mismo Estado
no vulnere los derechos. Proteger significa que el Estado debe
velar para que no se vulneren los derechos y, en caso de ocurrir,
obligar el cumplimiento de las reparaciones correspondientes.
Realizar conlleva que el Estado debe actuar proactivamente para
garantizar plenamente los derechos, especialmente en los grupos
de atención prioritaria.
Diagnóstico
Los avances alcanzados durante la última década establecen
una plataforma de capacidades en la población, pero aún es
necesario profundizar temas como la equidad y la justicia social.
Esto implica avanzar en la erradicación de la pobreza extrema
mediante la garantía de derechos, la inclusión económica y social,
la redistribución equitativa de la riqueza y la democratización de
los medios de producción, entre otros. Este proceso se afianza
con el acompañamiento de un Estado garante de derechos a
lo largo del ciclo de vida, con énfasis en la atención de grupos
prioritarios (CE, 2008, art. 35).
La pobreza es un fenómeno causado por diversos factores
que se expresan en múltiples dimensiones. En el país, la tasa
de pobreza multidimensional6
entre 2009 y 2016 disminuyó
16,4 puntos porcentuales (de 51,5% a 35,1%). En general, los
indicadores de pobreza y desigualdad, a partir de la distribución
del ingreso, evidencian avances a nivel nacional. No obstante, a
partir de 2014, estos indicadores no evolucionaron con la misma
tendencia debido a la coyuntura económica, producto de los
shocks externos (caída del precio del petróleo, apreciación del
dólar y devaluación de la moneda de los países vecinos), lo que
afectó la situación económica del país.
Objetivo 1: Garantizar
una vida digna con
iguales oportunidades
para todas las
personas
Múltiples espacios de diálogo destacan la importancia del uso
del espacio público y el fortalecimiento de la interculturalidad; así
como los servicios sociales tales como la salud y la educación.
Uno de los servicios sociales más importantes y prioritarios es
el agua, el acceso y la calidad de este recurso para el consumo
humano, los servicios de saneamiento y, por supuesto, para la
producción y sistemas de riego.
La ciudadanía hace hincapié en el acceso a los servicios básicos
y el disfrute de un hábitat seguro, que supone los espacios
públicos, de recreación, vías, movilidad, transporte sostenible y
calidad ambiental, así como a facilidades e incentivos a través
de créditos y bonos para la adquisición de vivienda social; pero
también señala la importancia del adecuado uso del suelo y el
control de construcciones.
Nuevamente, se reitera la pertinencia territorial, cultural y
poblacional de los servicios sociales, sobre todo en los temas
de vivienda, salud o educación. Se demanda la garantía de
salud de manera inclusiva e intercultural, con énfasis en la
atención preventiva, el acceso a medicamentos, la salud
sexual y reproductiva, la salud mental; impulsando el desarrollo
permanente de la ciencia e investigación. Concomitante a
la salud, en los diferentes diálogos ciudadanos se señala la
problemática de la malnutrición, que comprende trastornos
como la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso, los cuales
tienen implicaciones en los hábitos y las prácticas culturales, que
deben ser prevenidas con campañas de información permanente
sobre los alimentos que se consumen.
Para el caso de la educación se señala que el acceso a los
diferentes niveles (inicial, básica, bachillerato y superior) debe
garantizarse de manera inclusiva, participativa y pertinente,
con disponibilidad para la población en su propio territorio.
Se debe implementar modalidades alternativas de educación
para la construcción de una sociedad educadora en los niveles
que mayor atención requieren: el bachillerato y la educación
superior. Las mesas de diálogo por la plurinacionalidad, la
cultura, la educación, entre otras, destacan la importancia de la
profesionalización de la ciudadanía (oficios, artesanos, artistas,
otros), para lo cual es prioritario fortalecer la educación técnica y
tecnológica al considerarla como de tercer nivel. Además, plantea
que la oferta académica debe tener pertinencia productiva
(según sus diferentes entornos y territorios) y vinculación con
el mundo laboral.
Entre las prioridades se encuentra también la erradicación
de diferentes formas de violencia, principalmente respecto a
mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, promoviendo
un sistema de prevención, protección, atención integral y
reparación de derechos a las personas que han sufrido de ella.
En el mismo sentido, la discriminación y la exclusión social son
una problemática a ser atendida, con la visión de promover la
inclusión, cohesión social y convivencia pacífica.
Por ello, la ciudadanía hace alusión a la Constitución (2008), en
la que se garantiza la protección integral y la protección especial
a través del Sistema de Inclusión y Equidad Social, que debe
aplicarse por medio de sistemas especializados de atención;
este es el caso particular de la niñez y adolescencia, donde se
afirman los principios de la doctrina de la protección integral,
la especificidad y especialidad dentro del sistema de protección
de derechos, los temas de justicia especializada, la justicia
juvenil penal para los adolescentes infractores y la aplicación
efectiva de medidas socioeducativas en el caso de adolescentes
infractores, entre otros temas.
Asimismo, en las diferentes mesas de diálogo se señalan los
temas de seguridad social con énfasis en los grupos de atención
prioritaria y grupos vulnerables. La seguridad ciudadana aborda de
manera integral la atención a los tipos de muertes prevenibles; la
protección especial para los casos de violencia sexual, explotación
sexual y laboral, trata de personas, trabajo infantil y mendicidad,
abandono y negligencia, accidentes de tránsito, suicidios; y la
prevención del uso de drogas, tomando en cuenta el control,
tratamiento, rehabilitación y seguridad del consumo problemático
de las mismas, bajo un enfoque de derechos y con base en
evidencia científica.
Finalmente, otro gran grupo de propuestas priorizadas en los
diálogos nacionales se centra en temas relativos a la formación
en valores, la promoción de la cultura y el arte, la producción
nacional audiovisual; el acceso, uso y aprovechamiento de medios
y frecuencias, la información, la comunicación y sus tecnologías.
Sistematización de los 23 procesos de Diálogo Nacional.
Objetivo 2: Afirmar
la interculturalidad
y plurinacionalidad,
revalorizando las
identidades diversas.
Los derechos colectivos a los que se refiere el Objetivo 2 no solo
abarcan las demandas de los pueblos y nacionalidades; diversos
grupos sociales también han señalado sus propuestas al respecto.
Surgen entre las problemáticas los temas de adulto-centrismo y
homofobia como prácticas discriminatorias y de exclusión social,
entre otras que continúan latentes en el país. La ciudadanía
señala con atención los casos de doble y triple discriminación
o vulneración de derechos por diferentes razones; incluso, se
plantea la persistencia de un paradigma colonial en las relaciones,
instituciones y prácticas.
Los diálogos por la plurinacionalidad destacan con mucha fuerza
los temas de tierras y territorios, frente a los cuales se demanda
la garantía de la consulta previa para los asuntos que concierne a
sus territorios, la resolución de conflictos permanentes que existen
alrededor de la distribución y legalización de la tierra, la ejecución
acciones que coadyuven a fortalecer la propiedad colectiva de las
tierras comunales y de los territorios ancestrales, la conformación
de circunscripciones territoriales y mancomunidades, bajo criterios
de equidad, reducción de brechas sociales y justicia social.
Asimismo, el campo de la identidad y cultura ecuatoriana se
presentan en las propuestas a través de la promoción de la actividad
y la producción artística, cultural y audiovisual; la circulación de las
artes, culturas, memorias y patrimonios tangibles e intangibles, y
la inclusión de los conocimientos ancestrales; todo esto en una
interacción con los diferentes ámbitos del desarrollo del país.
Los diferentes espacios de diálogo reiteran la necesidad de
la prestación de servicios básicos y servicios sociales bajo
criterios de pertinencia, con especial atención en los temas
de salud intercultural y en el modelo educativo, capaz de
garantizar la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación,
propuestas importantes realizadas por los sectores indígenas
y afroecuatorianos. Disminuir las brechas en el acceso a la
educación (bachillerato y educación superior) de los pueblos y
nacionalidades son propuestas permanentes.
Finalmente, se destacan problemáticas asociadas con los
territorios donde muchos de los pueblos y nacionalidades se
desarrollan, principalmente en los sectores rurales, para lo cual se
pone especial énfasis en temas de movilidad y transporte, como
por ejemplo: la calidad de las vías, la regularización del transporte
comunitario, entre otros.
Objetivo 3: Garantizar
los derechos de la
naturaleza para las
actuales y futuras
generaciones
Las mesas de diálogo alrededor de la agenda del sector externo
han hecho particulares aportes referentes al fortalecimiento de
una diplomacia verde, que luche contra el cambio climático y que
exija respeto a la naturaleza.
La protección y el cuidado de las reservas naturales y de los
ecosistemas frágiles y amenazados, es un tema de preocupación
en las diferentes mesas. Se destaca, incluso, que frente a aquellas
consecuencias ambientales que son producto de la intervención
del ser humano, es necesario un marco de bioética, bioeconomía
y bioconocimiento para el desarrollo; es decir, la investigación y
generación de conocimiento de los recursos del Ecuador.
En este sentido, se propone una gobernanza sostenible de los
recursos naturales no renovables, a través del establecimiento
de prácticas responsables con el medio ambiente y con la
población, y el establecimiento de límites a las actividades
extractivas cuando amenacen áreas protegidas, territorios
ancestrales sagrados, fuentes de agua, entre otros.
Eje 2: Economía
al Servicio de la
Sociedad
Panorama General
Este eje toma como punto de partida la premisa de que la
economía debe estar al servicio de la sociedad. Es así que
nuestro sistema económico, por definición constitucional, es una
economía social y solidaria. Dentro de este sistema económico
interactúan los subsistemas de la economía pública, privada,
popular y solidaria. No se puede entender la economía sin
abarcar las relaciones entre los actores económicos de estos
subsistemas, que son de gran importancia y requieren incentivos,
regulaciones y políticas que promuevan la productividad y la
competitividad. Se procura proteger la sustentabilidad ambiental
y el crecimiento económico inclusivo con procesos redistributivos
en los que se subraye la corresponsabilidad social. Esa misma
corresponsabilidad lleva a repensar las relaciones entre lo
urbano y lo rural, acentuando la importancia de esta última
para la sostenibilidad. En consecuencia, es necesario y justo
trabajar con dedicación especial en el desarrollo de capacidades
productivas y del entorno para conseguir el Buen Vivir Rural.
Diagnóstico
El sistema económico del Ecuador es social y solidario por
definición constitucional (CE, 2008, art. 283), ya que propende
a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado
y mercado, en armonía con la naturaleza. A partir de esta
definición, se busca garantizar la producción y reproducción
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el
Buen Vivir, en el cual interactúan los subsistemas de economía
pública, privada, popular y solidaria.
Objetivo 4: Consolidar
la sostenibilidad del
sistema económico
social y solidario,
y afianzar la
dolarización
No solo en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario se abordan
los temas relativos a la economía, también lo hacen las mesas de
diálogo con emprendedores, con la economía popular y solidaria,
con los trabajadores, entre otras. El crédito es una temática
recurrente; es decir, facilidades e incentivos para la adquisición
de vivienda social, para el emprendimiento, para la generación
de empleo, para la dinamización de la economía. Así también,
se señala la necesidad de visibilizar e incorporar sistemas
cooperativos alternativos (comunales, de migrantes, entre otros),
y se ha propuesto revisar y racionalizar los tributos, aranceles de
materia prima, insumos y bienes de capital no producidos en el
país; entre otros asuntos que no han estado exentos de polémica
o disenso.
La diversificación, diferenciación y amplitud de la oferta
exportable; la apertura de nuevos mercados y su diversificación
(tomando en cuenta mercados no tradicionales y alternativos); el
aprovechamiento de mercados regionales o la atracción de nuevas
inversiones relacionadas con temas como gastronomía o turismo
comunitario, son propuestas presentes en los distintos espacios
de diálogo.
Objetivo 5: Impulsar
la productividad
y competitividad
para el crecimiento
económico
sostenible de manera
redistributiva y
solidaria.
La generación de trabajo y empleo es una preocupación
permanente en los diálogos. En ellos se propone la dinamización
del mercado laboral a través de tipologías de contratos para
sectores que tienen una demanda y dinámica específica.
Asimismo, se proponen incentivos para la producción que van
desde el crédito para la generación de nuevos emprendimientos;
el posicionamiento de sectores como el gastronómico y el
turístico –con un especial énfasis en la certificación de pequeños
actores comunitarios–; hasta la promoción de mecanismos de
comercialización a escala nacional e internacional.
Sobre la contratación de bienes y servicios, hubo recurrentes
propuestas para que esta sea desarrollada de manera más
inclusiva; es decir, favoreciendo la producción nacional, la mano
de obra local, la producción de la zona, con especial énfasis
en los sectores sociales más vulnerables de la sociedad y la
economía.
Asimismo, se ha destacado la importancia de fortalecer la
asociatividad y los circuitos alternativos de cooperatividad, el
comercio ético y justo, y la priorización de la Economía Popular
y Solidaria.
La ciudadanía destaca que para lograr los objetivos de
incrementar la productividad, agregar valor, innovar y ser
más competitivo, se requiere investigación e innovación para
la producción, transferencia tecnológica; vinculación del
sector educativo y académico con los procesos de desarrollo;
pertinencia productiva y laboral de la oferta académica, junto con
la profesionalización de la población; mecanismos de protección
de propiedad intelectual y de la inversión en mecanización,
industrialización e infraestructura productiva. Estas acciones van
de la mano con la reactivación de la industria nacional y de un
potencial marco de alianzas público-privadas.
En resumen, en las mesas de diálogo se propone la promoción
y ampliación de mecanismos y acuerdos comerciales bilaterales
y multilaterales, bajo criterios de negociaciones equilibradas,
complementación económica y reducción de asimetrías
comerciales.
Objetivo 6: Desarrollar
las capacidades
productivas y del
entorno para lograr la
soberanía alimentaria
y el Buen Vivir Rural.
Las mesas por el agro, así como otros espacios de diálogo
relacionados con los sectores rurales y campesinos, han sido
claros en la necesidad de promover el desarrollo rural integral
y el Buen Vivir, en armonía con las particularidades de estos
territorios y su población.
La ciudadanía del sector rural demanda tanto un acceso
equitativo a la tierra, agua, semillas y demás servicios
básicos y servicios sociales, como la vinculación con los
medios de producción.
En las mesas de diálogo, los ciudadanos han sido enfáticos
en señalar la necesidad de priorizar la compra pública a los
productores nacionales y de los productos de la zona, como
mecanismo de fortalecimiento de la soberanía alimentaria y de
la economía social y solidaria, lo que reactiva y fortalece, así, a
los sectores productivos rurales del país, teniendo una mirada
particular en los procesos de comercialización.
Las mesas de diálogo relativas al Frente Anticorrupción
concentraron sus propuestas, específicamente, en los temas
de transparencia, concentrando sus propuestas alrededor
de la reforma regulatoria, principalmente en el control de la
contratación pública y en la formación en valores, sobre todo
en el sistema educativo. 
