viernes, 24 de agosto de 2018

INTRACLASE #18

Miércoles 22 y viernes 24 de Agosto del 2018


Tema: 

  • Objetivos de del Plan Nacional Para Toda la Vida -  Eje 3
Objetivo:
  • Conocer los objetivos del Plan Nacional para Toda La Vida (Eje 3) mediante la exposición de contenidos para socializar la importancia en el desarrollo del país.
Desarollo:




Eje 3: Más sociedad, mejor Estado.





Panorama General 

El tercer Eje del nuevo Plan Nacional de Desarrollo incentiva una participación activa en nuestra sociedad, la cual demanda un Estado con mejores capacidades de intervención. Entonces, es necesario reflexionar acerca de la articulación entre el aparato público, el ámbito de lo público no estatal, lo privado y lo comunitario. Se suele pensar al Estado y la sociedad civil como objetos distintos, a menudo opuestos. Sin embargo, el Estado es una representación social, y su existencia no se justifica de por sí, sino que existe gracias a su labor para garantizar los derechos, individuales y colectivos, de las personas. 

Algo que se combatió con efectividad fue el hermetismo de un Estado distante, del cual un ciudadano común y corriente no se sentía parte. Se pudo recuperar el Estado para la ciudadanía, pero hay tareas de peso que siguen pendientes. Buscamos un Estado cercano, descentralizado, que resuelva los problemas de las personas, que sea un apoyo en sus vidas, y que logre comprender las diversidades sociales. El Estado cercano debe ser incluyente, debe entender a los ciudadanos, llegar a sus hogares con servicios públicos óptimos y darles respuestas con calidad y calidez. Para conseguirlo, no hay cabida para la corrupción, elemento nocivo en el sistema público. Esta visión del Estado en la sociedad erige el posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel regional y mundial, mientras procura en todo momento el bien común como una aspiración no limitada al ámbito nacional, sino ligada inextricablemente con el mundo. 

Diagnóstico 

Para comenzar, este Eje reconoce que la sociedad es el vértice orientador del desarrollo social y que el Estado no puede estar aislado ni separado de ella. El objetivo de su existencia es estar en función de las necesidades sociales, que siempre se transforman y desafían la construcción de un adecuado relacionamiento entre ambos. Los procesos democráticos examinan al Estado y sus actuaciones sociales, que operan con y para la ciudadanía. 



Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía .

En las distintas mesas de diálogo, la participación ciudadana es una prioridad explícita, al igual que la prolongación de los espacios para la construcción de la política pública y su posterior seguimiento, implementación y evaluación. Entre las principales propuestas generadas por la ciudadanía están: la libertad y el fortalecimiento de la organización social, sindical y su representación en diferentes instancias; la democratización de los mecanismos de participación; la incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones; la generación de espacios públicos, urbanos y rurales, de participación; la veeduría ciudadana y el control social de la gestión e inversión pública, y la construcción del poder popular. 
Si pretendemos que la ciudadanía esté informada, sea activa y corresponsable de sus decisiones, es necesario desarrollar sistemas de información (cualitativa y cuantitativa), investigación y registro, que permitan el seguimiento y el monitoreo de las políticas públicas, la ejecución del gasto y la priorización de la inversión. Estos mecanismos de corresponsabilidad de la sociedad buscan constantemente el bien común y el sostenimiento de las políticas públicas, en el marco de la consolidación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 
La demanda ciudadana insiste en que hay que mantener un Estado garante de derechos, con capacidad de regulación, seguimiento y control en aspectos fundamentales como la comunicación, los precios, la transparencia, las compras públicas, el contrabando, las construcciones, las contrataciones, etc. De allí que es necesario mejorar la calidad de las regulaciones y la simplificación de sus trámites; impulsar el desarrollo del talento humano de los servidores públicos; y fomentar una mirada estratégica, técnica y pertinente sobre la nueva infraestructura. Incluso se propone que los servicios básicos y sociales puedan tener una diferenciación entre aquellos que son para familias y aquellos que son para producción, con lo cual se mira críticamente a los subsidios y sus beneficiarios. 

La ciudadanía, permanentemente, manifiesta que se requiere la implementación de la política pública a través de Sistemas Nacionales como el de Inclusión y Equidad Social. Asimismo, se plantea el fortalecimiento de los sistemas de protección integral de derechos, incorporando a ellos las particularidades y especificidades poblacionales, de institucionalidad, políticas, servicios y atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. En añadidura, se exige garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de protección especial, sistemas de gestión coordinada e interinstitucional, que estén desconcentrados, descentralizados y tengan pertinencia cultural con los grupos de atención prioritaria.

Por último, es importante resaltar la demanda ciudadana por la coordinación y articulación interinstitucional a escala nacional, pero principalmente en el territorio. Las instancias del sector público del Gobierno Central y de los otros niveles de gobierno (Gobiernos Autónomos Descentralizados), las otras funciones del Estado, así como las entidades del sector privado, comunitario, social y solidario, académico, deben construir redes efectivas y complementarias de servicios sociales y de fomento productivo. 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

Las mesas de diálogo relativas al Frente Anticorrupción concentraron sus propuestas, específicamente, en los temas de transparencia, concentrando sus propuestas alrededor de la reforma regulatoria, principalmente en el control de la contratación pública y en la formación en valores, sobre todo en el sistema educativo. 
Esta y otras mesas también desarrollaron propuestas frente a la lucha contra los paraísos fiscales y el desarrollo de instrumentos internacionales para intercambio de información que permitan justicia fiscal. La transparencia en las contrataciones de obra pública, o las del gasto militar, también fueron referidas por la ciudadanía.

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo. 

Algunas de las principales preocupaciones ciudadanas expresadas en las mesas de diálogo se relacionan con el ordenamiento institucional para la implementación de políticas y la operación de control de territorios como zonas fronterizas, marítimas, amazónicas o las Galápagos. Así, se señala la importancia de garantizar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos; el desarrollo fronterizo y de las reservas naturales del país;
la zonificación de la reserva marina y, con ello, la protección, control y regulación ambiental, económica y de seguridad para enfrentar actividades irregulares, delitos transfronterizos y transnacionales, regulación migratoria, entre otros.
Las propuestas también versan alrededor de la promoción de: una paz sostenible y la prevención de conflictos internacionales al condenar las grandes industrias armamentistas; la vigencia del derecho
internacional como norma de conducta entre Estados, y la promoción de un marco institucional de justicia internacional. En esta misma línea, se propone la promoción y el fortalecimiento de los sistemas institucionales internacionales de derechos humanos, así como garantizar el seguimiento y cumplimiento de los instrumentos, acuerdos y convenios internacionales, de sus recomendaciones y observaciones, promoviendo además participación y representación ciudadana. 
En el marco de la integración regional y de la ciudadanía universal, que implicaría, entre otras cosas, la libre movilidad (al menos en la región), se propone la promoción de la institucionalidad para garantizar dichas iniciativas internacionales, de integración y de cumplimiento de acuerdos e instrumentos internacionales. 

Finalmente, se han planteado propuestas para la protección del patrimonio natural y cultural; la promoción de la identidad y cultura ecuatoriana, junto con la promoción de mercados internacionales para exportación de productos, bienes y servicios culturales y patrimoniales; el desarrollo de la oferta turística nacional, el turismo receptivo y comunitario, vinculando los saberes y conocimientos de las comunidades en los procesos turísticos; y la promoción de industrias culturales

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