ENSAYO

INTRACLASE #13

Miércoles 18 y jueves 20 de Julio del 2018

Tema: 

• Planes de vida de pueblos y nacionalidades

Objetivo: 

• Dialogar y demostrar la consideración de los pueblos indígenas y nacionalidades en las planificaciones del estado.

Desarrollo:

Contexto Histórico y Diagnóstico de la Realidad Nacional Actual 

Entre 2007 y 2008, Ecuador experimentó el proceso constituyente más democrático de su historia. Hoy tenemos una sociedad con mejores capacidades, distribuidas de manera más equitativa. En consecuencia, debemos afrontar nuevos desafíos, para lo cual es necesario partir de un análisis de las capacidades generadas en la última década e identificar aquello que nos resta por hacer, para alcanzar una vida digna para todos y todas. 

Transición a un nuevo escenario 

Resulta clave situar el contexto histórico y tener presente de dónde se ha venido, para proyectarse hacia el futuro. Entre 1997 y 2007, la inestabilidad política era una constante (ocho diferentes presidentes gobernaron en un período de diez años). La peor crisis económica de la historia nacional –en el umbral entre los siglos XX y XXI– marcó profundamente a la población ecuatoriana y provocó secuelas que aún son vividas por las generaciones actuales. La desacreditación general de la sociedad política sacudió las bases sobre las que se levantaba el régimen del país y, en consecuencia, el desgaste de las instituciones públicas generó en la población un entorno de antipatía y desesperanza. Sin embargo, esta serie de crisis condujo, a su vez, a un período de cambio. Entre 2007 y 2008, Ecuador experimentó un proceso constituyente profundamente democrático que dio lugar a un texto constitucional de vanguardia, garantista de derechos y aprobado masivamente tras referéndum popular, con una mayoría de las dos terceras partes.

Como parte de un período de transición, los tres primeros Gobiernos de la Revolución Ciudadana debieron enfrentar a aquellos poderes fácticos enquistados corporativamente en el Estado y que, desde fuera de la institucionalidad, pretendían seguir imponiendo agendas particulares sobre lo público. La recuperación de la independencia del Estado no fue sencilla; tampoco lo fue la democratización de los beneficios del sector público.

De todas formas, estos cambios iniciales eran necesarios para recuperar el Estado como entidad para generar bien común y transformar las correlaciones de poder. Con el tiempo, la implementación de este nuevo esquema permitió reducir la pobreza y la desigualdad, cultivar las capacidades de la población en cuanto a talento humano –en la forma de gratuidades para la educación hasta el tercer nivel, becas nacionales e internacionales, ampliación masiva de cupos para matriculación y procesos constantes de mejoramiento de la calidad docente–, así como incentivar las capacidades productivas –con carreteras de primer orden, plantas de energía limpia y renovable, créditos productivos, proyectos multipropósito, unidades educativas, facilidades de la salud pública, infraestructura de primera mano para la seguridad ciudadana y demás. 

TAREA #9

TAREA #8

INTRACLASE #12

Miércoles 11 y jueves 13 de Julio del 2018

Tema: 

• Ciudadania y planificación territorial

Objetivo: 

• Analizar la manera cómo se planificó territorialmente el Plan Nacional Para toda la vida y su construcción.

Desarrollo:

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) 

El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de: 

1. Los derechos constitucionales; 
2. Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo (a través de la implementación de políticas públicas); 
3. Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden. 

Para su cumplimiento se requieren procesos, entidades, instrumentos y herramientas de planificación y gestión que permitan la interacción de los diferentes actores sociales e institucionales, para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles de gobierno (CE, 2008, art. 279).

La Estrategia Territorial Nacional se define complementariamente como “la expresión de la política pública nacional en el territorio y es un instrumento de ordenamiento territorial a escala nacional, que comprende los criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento del territorio, sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, los asentamientos humanos, las actividades económicas, los grandes equipamientos y la protección del patrimonio natural y cultural, sobre la base de los objetivos y políticas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. La Estrategia contendrá lineamientos de política específicos para zonas de frontera, la Amazonía, el régimen especial de Galápagos y el territorio marino costero, sin detrimento de su carácter nacional” (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 2016).

La Estrategia Territorial Nacional se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo para potenciar las capacidades de los territorios, articular las intervenciones a los objetivos nacionales y definir lineamientos concretos para la acción pública desconcentrada y descentralizada. Esto significa, una armónica coordinación entre la planificación nacional y subnacional a través de la gobernanza multinivel; y la implementación de mecanismos efectivos, participativos y permanentes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento por medio del que se concreta la garantía de derechos en un marco de política pública; por tanto, su vinculación y la ejecución de su cumplimiento son importantes frente a los diferentes niveles de gobierno, otras funciones del Estado, e incluso el propio sector privado en su papel como corresponsable de los procesos de desarrollo. La ciudadanía es consciente de estas premisas; de allí que sus propuestas se centren en los siguientes pasos: 

• Desarrollar una planificación pertinente y diferenciada, acorde a las características sociales, culturales y territoriales de la población; es decir, una planificación no “homogeneizadora”, sino conforme a una afirmación de cultura y diversidad que corresponda a las características poblacionales y del territorio. 
• Reconocer la necesidad de especialización (tanto en los sistemas de protección y atención integral, como en los servicios sociales), tomando en cuenta el aspecto integral del ciclo de vida. Es esencial para la ciudadanía que exista un criterio de especialidad y especificidad. En consecuencia, deben ser consideradas cada una de las etapas del ciclo de vida, los momentos de transición entre etapas, y las características propias de la población. 
• En cuanto a la inversión y el gasto público, la ciudadanía plantea que debe estar dirigida a asegurar como prioridades los derechos, la generación de capacidades, la dinamización productiva, la generación de empleo, la cohesión social, la equidad territorial y poblacional, y la disminución de la pobreza. 
• Es importante para la población que la política social y los servicios sean sostenibles; más aún en escenarios económicos adversos cuando la inversión en el campo social pueda verse afectada. 
• Finalmente, las diversas mesas de diálogo destacan el alto valor de la participación en la construcción de las políticas públicas. La participación afirma el vínculo con los ciclos de la política y el seguimiento de su implementación y evaluación. Se trata del compromiso de un ejercicio permanente de diálogo e incidencia en la toma de decisiones, bajo criterios de corresponsabilidad.

INTRACLASE #11

Miércoles 04 y jueves 06 de Julio del 2018

Tema: 

• Participación ciudadana

Objetivo: 

• Analizar la manera como la Participación Ciudadana a influenciado en las políticas de estado, mediante la revisión del Plan Nacional Para toda la vida y su construcción.

Desarrollo:

Planificamos para toda una vida

La Constitución de Montecristi de 2008 es el fundamento de la sociedad que queremos alcanzar. Una sociedad orientada hacia un nuevo régimen de desarrollo que sea inclusivo, equitativo y solidario. Un nuevo modelo que permita el desarrollo sostenible del país a largo plazo, en una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Queremos una sociedad en la que las personas puedan satisfacer sus necesidades y alcanzar una vida plena y una muerte digna. Una sociedad en la que verdaderamente se garanticen los derechos de todas y todos, libre de todo tipo de violencia y discriminación. Queremos un país en el que se garanticen plenamente los derechos de las personas durante toda su vida. 

Buscamos un Ecuador de equidad y justicia social, con igualdad de oportunidades. Que el futuro de un niño o una niña no esté definido por el lugar o las condiciones materiales donde nació; sino que pueda, con libertad real, usar todo su potencial para alcanzar la vida que desea en armonía individual, social y con la naturaleza.

Queremos avanzar hacia una economía social y solidaria, ecologista, basada en el conocimiento y el talento humano, para salir del extractivismo, lograr pleno empleo, alcanzar mayor productividad, y democratizar los medios de producción y la riqueza. 

Entendemos al Estado como garante de derechos, al servicio del bien común. Proponemos un Estado cercano a la gente, con servicios de calidad y calidez, eficiente y transparente. Creemos en la democracia radical, en el poder popular, con participación y consulta permanente a la ciudadanía. Nuestra alternativa será siempre la vía del diálogo y la implementación de distintos espacios y mecanismos para llegar a consensos colectivos.

Desde esta perspectiva, el centro del desarrollo es el ser humano, y no el mercado ni el capital; por eso frente al individualismo planteamos la solidaridad. Este es el rumbo con el que presentamos el cuarto Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021, para todo el Ecuador, para toda una vida.

Los Mandatos Constitucionales respecto a la Planificación 

La Constitución de la República de Ecuador (2008) sirve de guía para la construcción del presente Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), que busca cumplir con el mandato de “planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” (CE, 2008. art. 3, núm. 5). Adicionalmente, el Plan recoge los principales elementos constitucionales sobre garantía de derechos, para orientar la definición de políticas nacionales considerando que “la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa, previstas en la Constitución” (CE, 2008, art. 1). En este sentido, las instituciones están obligadas a garantizar los derechos, y la ciudadanía es corresponsable, de acuerdo al espíritu del proceso constituyente de Montecristi.

Una de las mayores innovaciones de la Constitución de 2008 está relacionada con la concepción sobre la razón de ser del Estado: se lo deja de entender como un aparato burocrático (que se definía a sí mismo sin considerar a la sociedad), para concebirlo como la institucionalidad capaz de garantizar los derechos ciudadanos y el bien común. 

TAREA #7